Administracion publica

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Cuenta atrás para la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público: todo lo que necesitas saber

09 de noviembre de 2017 Noticias CONTRATACIÓN

Tras un largo periodo de espera, la Ley de Contratos del Sector Público se ha hecho realidad. Con su publicación, comienza una nueva era para la contratación pública española. Repleta de grandes novedades y algo complicada, la aplicación exitosa de esta norma va a requerir un gran esfuerzo conjunto por parte de todos los que por ella se ven afectados.

Llega una nueva edición del evento referente en materia de Contratación Pública. Corre a reservar tu plaza #CICP18

03 de noviembre de 2017 El sector legal CONTRATACIÓN

Ya está aquí la nueva Ley de Contratos ¿y ahora qué?. Los próximos días 18 y 19 de enero se celebrará en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), una nueva edición, la séptima, del evento referente en materia de contratación pública, -Congreso Internacional de Contratación Pública-, organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha, el Observatorio de Contratación Pública y Wolters Kluwer , con la colaboración de Redicop y Noticias Jurídicas.

Los codemandados en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Su intervención en el proceso y en el procedimiento administrativo. Referencia obligada a la responsabilidad patrimonial de la Administración.

Para entender el papel del litisconsorcio pasivo en el orden contencioso-administrativo es necesario superar las carencias de la ley reguladora de esta jurisdicción, en una precisión conceptual que nos permitirá conocer su alcance, determinando tanto su necesariedad como la eventual exclusión de otros órdenes de la jurisdicción. La figura del codemandado presenta una íntima relación con el instituto de la responsabilidad patrimonial, lo que exige analizar su intervención desde el mismo procedimiento administrativo. Del mismo modo, se destacan las peculiaridades del pronunciamiento de la sentencia en relación a los codemandados, con expresa mención a las costas procesales.

Prevención de riesgos laborales en las Administraciones Públicas

Reducir el gasto público no significa reducir los recursos destinados a la prevención de riesgos laborales. Si los responsables en la toma de decisiones en las distintas Administraciones Públicas pensaran por un momento en destinar menos recursos a la prevención, no solo estarían incumpliendo la Ley, sino que estarían aumentando los gastos a medio y largo plazo. Lo difícil no es documentar todo lo exigido en la normativa de prevención de riesgos laborales, lo complicado es llevarlo a la práctica, pues requiere de un esfuerzo presupuestario destinado ni más ni menos que a preservar la salud y la seguridad de todo el personal al servicio de la Administración Pública.

Las cuatro claves por las que el TS eleva de 8 a 20 días la indemnización por cese del indefinido no fijo

20 de abril de 2017 Noticias INDEFINIDO NO FIJO

Pese a que la Sala de lo Social ya se había pronunciado sobre esta controvertida cuestión, un examen más profundo, en el caso concreto el de una investigadora indefinida no fija del CSIC, obliga al tribunal a replantearse su doctrina, aumentando la cuantía de la indemnización que corresponde a este personal cuando son cesados por amortización de vacante. Estos son los cuatro argumentos o razones por los que la Sala rectifica su criterio.

I Foro de Innovación Pública.La Administración Pública como impulsora de la digitalización de la sociedad

10 de octubre de 2016 Noticias

Cerca de 200 profesionales participaron en este encuentro organizado por Wolters Kluwer y ABSIS en torno al papel estratégico de la Administración Electrónica en los ayuntamientos del siglo XXI con motivo del cambio de paradigma que supone la entrada en vigor de las Leyes 39 y 40/2015, que obligan a todas las administraciones a relacionarse con los ciudadanos por vía telemática.

Apuntes prácticos sobre las costas procesales en los órdenes jurisdiccionales civil y contencioso-administrativo desde el punto de vista de la Administración pública

El artículo pretende ofrecer un análisis de alguna de las principales cuestiones prácticas que se producen en relación con las Administraciones y las costas procesales en el derecho español, centrándose en los órdenes jurisdiccionales civil y contencioso-administrativo, y todo ello analizando algunas cuestiones que suelen plantearse en el ejercicio práctico de la abogacía.

Análisis de la reclamación administrativa previa

La reclamación administrativa previa a la vía judicial, regulada por los arts. 120 y ss. de la Ley 30/1992, es un requisito para toda acción judicial que, sustentándose en Derecho Privado o Laboral, se vaya a ejercitar contra una Administración pública. Siendo una garantía para la Administración, implica una carga para el ciudadano que quiera interponer una demanda ante ella, en la medida en que tiene que llevar a cabo una actividad preceptiva que no tendría que realizar en el caso de que deseara demandar a otro sujeto de carácter privado, ya fuera persona física o persona jurídica.

Acceso a los expedientes administrativos y la protección de datos personales

El derecho de acceso de los ciudadanos a los documentos de los expedientes y de los archivos y registros de la Administración Pública conlleva ponderar conceptos tan relevantes jurídicamente como son la información y la protección de datos personales, y a la vez permite que nos adentremos en el complejo ejercicio de confrontar las leyes correspondientes a cada ámbito para entender en qué supuestos y cuándo debe hacerse efectivo este derecho.

Los trabajos de colaboración social: evolución de la doctrina jurisprudencial

Los artículos 38 y 39 del Real Decreto 1445/1982, de 25 de junio, sobre Medidas de Fomento del Empleo, con las modificaciones operadas por el Real Decreto 1809/1986, de 28 de junio, regulan los trabajos de colaboración social como aquéllos celebrados entre la administración pública y los perceptores de prestación o subsidio de desempleo y que, conforme al artículo 38 del citado RD

La gestión de las reclamaciones de consumo después de la entrada en vigor del Código de consumo de Cataluña

01 de febrero de 2011 Artículos doctrinales CONSUMO

¿Que espera una persona consumidora cuando acude a un servicio público de consumo con una queja provocada por una mala prestación de un servicio por parte de una empresa o por la compra de un producto que no es conforme con el contrato de compra venta? ¿Sabe realmente el ciudadano cuales son sus derechos ante la administración pública y cual va a ser el curso de su reclamación o denuncia? ¿Saben las empresas ante que procedimiento se encuentran cuando se tramita contra ellas una denuncia o reclamación de consumo y cuales pueden ser sus consecuencias?

Hacia un modelo social de Administración Pública: de la burocracia a la gobernanza

Después de la Revolución Francesa y a lo largo del siglo XIX se fueron consolidando en Occidente los denominados "Estados nacionales". En Europa y en los Estados Unidos de América se adecuaron los poderes del Estado y las formas de gobierno a las necesidades de un capitalismo emergente que le demandaba inversiones públicas, seguridad jurídica e igualdad de oportunidades. Dicho de otro modo, un Estado encaminado fundamentalmente a proporcionar la "procura existencial" de sus ciudadanos.

Private Finance Initiative en el ordenamiento jurídico español: tres modelos asociativos de contratación pública

La implementación práctica de los contenidos de la Tercera Vía1 en el Reino Unido dieron lugar a la aparición de nuevos vínculos entre la Administración Pública y la iniciativa privada que se denominaron Public-Private Partnerships (PPP) o Asociaciones Público-Privadas (APP). Las relaciones surgidas de esta unión compartían una filosofía en la que cada agente, público y privado, participaba en los proyectos llevando a cabo aquellas tareas para las que cada uno contaba con una ventaja comparativa mayor.